Sobre este episodio
México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado este martes por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco. Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa. El documento “proporciona por primera vez una perspectiva regional sobre los mecanismos pero sin pasar por alto especificidades y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana”, dijo en conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina. En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos. “Los asesinatos solo son la punta del iceberg de las violencias perpetradas contra la prensa y la forma más visible y extrema de la censura que se aplica de facto contra la información en estos cuatro países”, detalló RSF en un comunicado. Mecanismos y programas de protección Ante esto, y gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, los Gobiernos de los países estudiados cuentan con programas de protección para periodistas. Estos mecanismos evalúan cada situación particular y ofrecen distintas medidas de protección, que pueden ser patrullas policiales de vigilancia, “botones de pánico”, vehículos brindados, instalación de cámaras de seguridad o chalecos antibalas, entre otras. Sobre estos programas, RSF realizó un trabajo de investigación para ofrecer una perspectiva regional y sobre las diferencias de cada país, además de aportar 80 recomendaciones para mejorar los mecanismos. De manera general, el análisis detectó que, en primer lugar, la mera existencia de dichos mecanismos es positivo para los informadores, pero también que los cambios son urgentes en estos programas -que cuentan con “fallos estructurales importantes”- para que sean realmente eficaces. “Destacar que para asegurar la capacidad de garantizar la protección los mecanismos no pueden entenderse como engranajes aislados cuya única intención es garantizar la seguridad física. Tienen que vincularse con instituciones y organismos para combatir las causas profundas y obtener justicia”, dijo en conferencia de prensa Colombié. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message
