Sobre este episodio
La Comisión de Fiscalización continuó la recepción de testimonios, como parte de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Freddy Viejó, ex coordinador general de Asesoría Jurídica del CPCCS, aceptó haber elaborado un informe por pedido del Pleno del Consejo, en el que se recomienda remover de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Argumentó que el informe se fundamentó en un un memorando suscrito por el ministro de Trabajo de ese entonces, Andrés Isch, en el que se informaba sobre el impedimento que pesaba en contra de Fausto Murillo para ocupar un cargo público. Viejó también aceptó haber recomendado que el Consejo de Participación Ciudadana acepte la sentencia emitida a favor de Fausto Murillo, para ser reintegrado al cargo del que fue removido, al considerar que hay que respetar las decisiones judiciales, sean estas correctas o no. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, en su comparecencia aclaró que la LOSEP se aplica de manera subsidiaria a los servidores de la carrera judicial y por lo tanto no es aplicable para los vocales del Consejo de la Judicatura, al considerar que estos no pertenecen a la carrera judicial. Andrés Isch, exministro de Trabajo, se refirió a la función que tiene el ministerio en cuanto a las inhabilidades. Precisó que la institución lo único que hizo fue trasladar la información a la entidad nominante, para que tome las acciones que crea convenientes. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que no se le concedió un debido derecho a la defensa, que el informe jurídico no contempló ninguno de los documentos que había remitido previamente como información de descargo. “Me canse de explicar el por qué, para ser vocal de la Judicatura, no tengo ningún impedimento. El informe jurídico presentado por Viejó es una reproducción del remitido por Isch. Luego de mi comparecencia se votó a favor del informe jurídico y fui removido de mi cargo” expresó. Finalmente, Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, afirmó que no ha tenido relación alguna con Christian Cruz, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y presentó documentos del IESS y el SRI como pruebas que respaldan esta declaración. Los asambleístas de la comisión cuestionaron la relación laboral de Iglesias con la empresa ACME, que consta como experiencia laboral en la hoja de vida del superintendente, de la cual el funcionario precisó, no ha tenido ningún vinculo laborar comprobable, y que seguramente se trata de una empresa homónima en la que figura Christian Cuz como representante legal. Luego de las comparecencias, la comisión suspendió la sesión para retomarla el lunes próximo, a fin de continuar el proceso de sustanciación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message
