Sobre este episodio
El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer el sistema penitenciario fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la participación de abogados en el libre ejercicio de la profesión y especialistas en Derecho Penal y Criminología. A la reunión también fue invitado Pablo Ramírez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien presentó su excusa ante los hechos suscitados en el Centro de Privación de la Libertad No. 1 de Santo Domingo, lo que le imposibilita acudir al llamado, ya que, debe permanecer en dicho centro para impartir las acciones para mantener el orden. El primero en comparecer fue Diego Guarderas Donoso, especialista en Derecho Penal y Criminología, quien expresó su solidaridad con las familias de las personas privadas de la libertad que perdieron la vida en el Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo. El profesional aseveró que la crisis penitenciaria debe ser abordada de manera conceptual, en el afán de enfrentar el problema a través de los cuerpos normativos. Las personas privadas de la libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, que significa que están en situación especial de vulnerabilidad y que el Estado es garante de sus vidas y su integridad. Enfatizó que, la situación demanda acciones para asegurar la prevención especial positiva, para lo que se requiere trabajar en rehabilitación social y reinserción a la sociedad y retomar la carrera penitenciaria para formar al talento humano. Es necesario que el sistema se desarrolle de manera integral; la administración del sistema penitenciario no puede estar en manos de la Policía Nacional, lo cual es antitécnico, inconstitucional y contraría recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, subrayó al advertir que el tema debe ser administrado por un organismo técnico con personal especializado. Dina Farinango resaltó que desde la Asamblea trabajan en leyes para el bienestar del pueblo ecuatoriano y atender estos graves problemas que vive el sistema penitenciario que demanda políticas públicas de parte del gobierno. Los asambleístas Fausto Jarrín y Sofía Espín señalaron que la crisis carcelaria no es por falta de leyes sino por la falta de políticas públicas, de presupuesto y decisión, criterios que fueron compartidos por Jhajaira Urresta. De su lado, Romeo Sylva, abogado en libre ejercicio, aseveró que en el sistema penitenciario debe jugar un rol importante la Defensoría del Pueblo, como máximo organismo de defensa de los derechos humanos. En el sistema penitenciario hay dos opciones: aplicar normativa de derechos humanos o aplicar normativa correccional. Por cuál vamos a optar, preguntó. Tras advertir que la cárcel debe ser la última solución a los problemas, afirmó que en los centros de privación de libertad existe un alto porcentaje de personas sin sentencia y otras que han sido detenidas por juicios de alimentos y que hoy se encuentran en riesgo. Comentó que, en el sistema penitenciario a más del cuerpo de vigilantes especializados técnicos, se necesita especialistas en psicología, psiquiatría, médicos, trabajadores sociales, pero que se enfrentan con la falta de presupuesto como principal problema. El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo agradeció las propuestas de los comparecientes, a quienes solicitó que envíen por escrito para evaluar en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message
