El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a John Anton Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y, a Reina Valle, directora de Ubuntu por un nuevo futuro, para escuchar sus criterios en cuanto al proceso de fiscalización al INEC y a la ejecución del Censo Nacional, que empezó su proceso virtual este mes de octubre. Las preocupaciones expuestas ante el Pleno se centraron en temas como el método de recolección de datos previsto para el proceso; la marginación de grupos étnicos para el trabajo de planificación, acompañamiento y obtención de información; la vulneración del derecho de privacidad; la falta de una campaña de información y socialización efectiva; y, la posible exclusión de pueblos, nacionalidades y grupos étnicos minoritarios del país. “El problema que acarrea una mala recopilación de información es que si los resultados arrojan una disminución de un grupo poblacional en comparación del último censo, no vamos a saber la razón exacta de esto” señaló Byron Villacís. En el debate participaron nueve asambleístas, quienes coincidieron en señalar que el método escogido por el INEC deja muchas dudas en cuanto a la efectividad del mismo, considerando que si los resultados no son precisos, se estaría dejando sin atención a muchos ecuatorianos, ya que esta es una herramienta estadística importante para determinar muchas de las asignaciones de recursos. La asambleísta Paola Cabezas aseguró que le llama la atención que se haya cambiado la metodología para la obtención de resultados y la aparición de valores que antes no se contemplaban en el gasto para el censo. “Se conoce poco o nada en la transparencia de la ejecución de este presupuesto, es un préstamo de 80 millones de dólares en recursos que son para mejorar las capacidades estadísticas del país”, señaló. Por su parte Marjorie Chávez sostuvo que en este proceso no se puede dejar de lado a las personas con enfermedades catastróficas. Sugirió incorporar tres preguntas al temario. Las preguntas están dirigidas a recolectar datos para saber qué hogares tienen familiares que padecen estas enfermedades, qué miembro de la familia la padece y qué afección tiene. “Esta información servirá para tener una base de datos clara sobre personas con enfermedades catastróficas y poder atenderlas de mejor manera” finalizó. Pierina Correa cuestionó la contratación de cerca de veinte mil personas para recabar la información del censo. “Este proceso se ha hecho en tiempo de elecciones y solo el hecho de dar trabajo a tantas personas se podría considerar un acto proselitista” subrayó. Al concluir el Pleno de la Asamblea aprobó, con 107 votos afirmativos y 19 abstenciones, la resolución propuesta por la legisladora Paola Cabezas, la cual ratifica el proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadística y Censos; exhorta a que capacite a los censadores para que no se impongan frente a los censados en zonas de conflictos limítrofes, respecto de su identidad territorial. También dispone la comparecencia del Director Ejecutivo del INEC, Secretario Nacional de Planificación y del Ministro de Economía ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Además invitarán a dirigentes de las organizaciones nacionales, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias para que expongan el riesgo de su invisibilización en el actual censo poblacional. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message