Sobre este episodio
La Comisión de Desarrollo Económico cerró el proceso de socialización y recepción de observaciones al proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. En esta primera fase realizó 7 sesiones de trabajo; recibió 39 participaciones de organizaciones y sociedad civil; 9 autoridades del sector público; 7 observaciones por escrito, mismas que serán analizadas y procesadas para el debate que se realizará mañana previo a la elaboración del informe para primer debate. Este domingo, fueron 12 las voces de expertos, empresas públicas y privadas. El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, subrayó que la empresa necesita inversión y seguridad jurídica para que sus proyectos puedan impulsarse, aspectos que se encuentran en la propuesta. Explicó la situación de la empresa, las refinerías y las necesidades de inversión para mejorar la calidad de los combustibles. Enfatizó que los capitales vienen cuando hay seguridad jurídica. Del Colegio de Notarios de Pichincha, Jorge Machado, sostuvo que el servicio notarial no puede estar sujeto a directrices de ningún otro organismo del sector público, que no sea el Consejo de la Judicatura, pues a través de él se podrá establecer directrices para el servicio notarial telemático. Expuso observaciones respecto al procedimiento para la atención en diferentes actos notariales, vía telemática, por ejemplo, en audiencias. Juan Pablo Jaramillo, de Estratego Consulting, comentó que la norma como está escrita debe ser mejorada para que no exista violación de derechos fundamentales, si se permite a gestores privados cobrar a los usuarios por servicios públicos que la Constitución hoy señala son gratuitos. Los asambleístas Francisco Jiménez, Diana Pensántez y John Vinueza presentaron inquietudes relacionadas con el actual impedimento para la implementación de los servicios telemáticos, por parte de los notarios; la inclusión de la autenticación de las huellas digitales y la plataforma digital; atención en salud, a través de las iniciativas de asociación público-privada. Nathalie Arias afirmó que no existe el propósito de retirar la rectoría y deberes constitucionales. “Estamos hablando de nuevas infraestructuras”, precisó la legisladora, respecto a la figura de delegación. En su turno, María Fernanda Garcés, experta APP, aseguró que existe confusión respecto a las asociaciones público-privadas, con los procesos colaborativos. Aclaró que las APP son procesos contractuales a largo plazo, no un proceso de privatización, es una opción del Estado para contratar infraestructura y los servicios asociativos, previa la verificación de conveniencias sociales, económicas y financieras. De su lado, Nelson Baldeón, con experiencia en multinacionales, producción y el desarrollo de alta tecnología, destacó la importancia de discutir herramientas que permitan a los ecuatorianos mejorar sus condiciones de vida y generar plazas de trabajo. Pidió considerar los cambios tecnológicos mundiales en las zonas francas digitales donde las transacciones globales son criptomonedas. El experto Carlos Lara expuso que la normativa debe impulsar las zonas francas turísticas y agroproductivas. Sugirió considerar regímenes especiales a favor de quienes constituyan zonas francas; mantener la figura de los derechos adquiridos de las Zedes y las zonas francas. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hechosecuador/message
